Abengoa ha ejecutado el derecho de tanteo previo que poseía sobre el 50 por ciento de dos centrales de energía termosolar que venía compartiendo con la antigua E.ON España (hoy, Viesgo) en Córdoba.

Abengoa ha abonado unos 200 millones de euros por ambas participaciones y ha pasado a controlar la totalidad del capital de las sociedades que poseen y explotan la dos centrales, Helioenergy 1 y 2. Ambos socios invirtieron en torno a 250 millones en cada termosolar antes de ponerlas en marcha en 2012.

La venta de los activos de E.ON España al fondo Mac- quarie se cerró con la excepción de esos dos activos, que fueron finalmente traspasados de la firma energética a Abengoa .

Ésta ejerció su derecho de tanteo sobre el precio que Macquarie estaba dispuesta a pagar por ellos a E.ON y lo igualó para retenerlos. Este movimiento de toma de control coincide en el tiempo con los planes anunciados por la compañía española, en su último Día del Inversor en abril, para vender otras siete centrales termosolares que posee en España. Los compradores podrían ser tanto la filial Abengoa Yield, así como terceras compañías, siendo esto último una novedad respecto a otras desinversiones anteriores.

Esas siete termosolares son las que Abengoa ya controla al cien por cien, y espera obtener por ese paquete unos 510 millones, es decir, que el valor medio de cada una es de unos 75 millones de euros. Un valor muy conservador y que sólo refleja el 60 por ciento del valor en libros de esos activos.

Las dos instalaciones Helioenergy que ahora ya posee al cien por cien estaban, en cualquier caso, incluidas en el folleto de salida al Nasdaq de Abengoa Yield como previstas para ser vendidas a esta filial por parte de Abengoa entre este año y 2016. También está previsto que traspase a esta subsidiaria otras dos plantas que comparte con el fondo japonés JGC, que posee el 26 por ciento de cada una de las centrales.

Justamente esta semana se ha conocido que JGC se ha sumado a la lista de inversores que solicitan una compensación al Gobierno español en el organismo de arbitraje Ciadi, al que ya han acudido otras 19 empresas por el recorte en la retribución a las energías renovables que entró en vigor en 2012.