Abengoa ha cerrado un acuerdo definitivo con los bancos acreedores, accionistas y fondos de inversión, por el que recibirá una inyección de 1.477 millones de euros que le permitirán evitar la quiebra.
De la cantidad acordada, 655 millones serán en dinero nuevo, 515 millones refinanciarán los créditos a corto plazo que ha recibido la compañía de ingeniería desde septiembre de 2015, y el resto servirá para avales y comisiones.
Este acuerdo, implicará un cambio en el accionariado de la empresa española. La familia Benjumea y 50.000 pequeños inversores, que controlaban el 50 por ciento de la empresa, pasarán a tener un peso del cinco por ciento, que podrán doblar si se pagan todos los créditos en ocho años. Por su parte los diez fondos de inversión que ponen encima de la mesa el dinero para el rescata pasarán a controlar el 50 por ciento del capital. Los bancos, que poseen una deuda de 8.000 millones de euros, tendrán derecho al 40 por ciento del capital, y los bancos avalistas a otro cinco por ciento.
Los fondos de alto riesgo (hedge fund) que han firmado el rescate son Abrams Capital, The Baupost Group, Canyon, Centerbridge, D. E. Shaw, Elliott Management, Hayfin Capital, KKR Credit, Oaktree y Värde. Deberán abonar los 1.170 millones que incluye el dinero nuevo y la refinanciación de los créditos. Sus fondos están garantizados con varios activos, como Atlantica Yield, la planta de cogeneración AT3, en México, o el negocio de ingeniería.
La parte más complicada del acuerdo la asumen las entidades financieras y agencias públicas que poseen deuda antigua y a las que se le dan dos posibilidades a elegir. Pueden aceptar una quita del 97 por ciento del importe inicial y recibir el 3 por ciento restante en los siguientes 10 años o incluirse en el plan de rescate y capitalizar el 70% de los créditos, lo que les daría derecho a recibir hasta el 40 por ciento de la nueva Abengoa. Si optan por esta opción conservarán además el 30 por ciento restante de sus créditos, a devolver en un plazo que oscilará entre los 66 y 72 meses, con posibilidad de prórroga hasta en dos años adicionales y un interés del 1,5 por ciento anual.
Por último, los bancos que forman parte del comité negociador – Santander, Bankia, CaixaBank, Popular y Crédit Agricole- pondrán 307 millones de euros en avales.
Abengoa no es solo una firma de ingeniería. Durante años fue el emblema de la empresa española y el símbolo de la nueva economía verde que proponía el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero para salir de la crisis. Fue la principal compañía de Andalucía, con 17.000 empleados.
Para que el acuerdo tenga validez se tienen que adherir el 75 por ciento de los acreedores financieros, el porcentaje que marca la ley concursal para aceptar el rescate. Posteriormente, debe ser homologado por el juez y refrendado en una junta extraordinaria de accionistas. Abengoa esquiva así de manera definitiva la amenaza del concurso de acreedores, después de que el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla concediera el pasado mes de abril una prórroga de siete meses, hasta el próximo 28 de octubre, para su cierre definitivo. A la junta también se le someterá la petición de unificar en uno solo los dos tipos de acciones existentes ahora.
Desde que el 24 de octubre del año pasado Abengoa solicitara el preconcurso de acreedores, ha pasado por fuertes dificultades derivadas de problemas de liquidez que le han llevado a deshacerse de activos para hacer caja y ajustes de plantilla que han afectado a 7.000 trabajadores.
En 2016, Abengoa ha vendido cuatro plantas fotovoltaicas localizadas en las provincias de Sevilla y Jaén, la venta del parque eólico Campo Palomas (Uruguay); su participación en la planta termosolar Shams-1, en Emiratos Árabes Unidos; la de algunos inmuebles como la antigua sede de la compañía en Madrid, y el traspaso de su filial de redes de telecomunicaciones, Abentel, a Ericsson.
En el contexto del acuerdo de reestructuración y hasta su implementación, la sociedad ha designado a Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz como asesor independiente, sin funciones ejecutivas, del consejo de administración en asuntos relacionados con el plan de viabilidad y el seguimiento de su cumplimiento.
