Acciona se suma así a las grandes eléctricas y varias organizaciones de energías renovables como Protermosolar en su lucha contra el Ministerio de Industria.
Al departamento que dirige José Manuel Soria se le acumulan los asuntos judiciales. El último ha sido el derivado de la congelación de los peajes de acceso de enero pasado. Por decisiones iguales en el pasado las eléctricas ya presentaron recursos, aún pendientes. Ahora también se han apuntado asociaciones de renovables y otras empresas verdes.
Acciona ha sido la última en sumarse –y sin duda la más relevante– tras presentar un recurso el 14 de mayo admitido a trámite por el Alto Tribunal contra la orden IET/221/2013, que fue publicada el 16 de febrero, un mes y medio después de su entrada en vigor.
Los peajes de acceso representan la parte regulada de la tarifa de último recurso (TUR), alrededor del 50%, y sirven para hacer frente a las primas al régimen especial, los costes extrapeninsulares, la distribución y el transporte. El 50% restante se compone del precio de la energía. Por ello, a pesar de la congelación de los peajes en enero, la luz subió el 3%, después de que las subastas eléctricas arrojaran una subida del 6%.
En dicha orden también se incluye la revisión de las tarifas y primas de instalaciones de régimen especial (renovables y cogeneración), que ya toma como referencia el Índice de Precios al Consumo (IPC) a impuestos constantes sin alimentos no elaborados ni productos energéticos.
El recurso de Acciona se suma a los presentados en las últimas semanas por Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E.ON y la organización que las engloba (junto con HC Energía, que aún no ha actuado), Unesa, así como Enel Green Power, Elcogás y una veintena de empresas y patronales renovables, entre las que destacan Protermosolar, APPA y la Asociación Eólica Española (AEE), a las que pertenece la compañía de la familia Entrecanales.
Desde Acciona no hacen comentarios sobre este recurso, aunque otras fuentes del sector explican que “va en la línea” del presentado por la AEE contra la orden, en el que considera "que la disposición no es ajustada a Derecho y es gravemente lesiva para los intereses que representa". Para la asociación, esta disposición aplica por primera vez el Real Decreto-Ley 2/2013 de medidas urgentes en el sistema eléctrico que se aprobó el 2 de febrero y, por lo tanto, constituye la primera posibilidad de discutir judicialmente tales medidas.
El RD-Ley 2/2013, entre otras cuestiones, eliminó la prima prevista para las instalaciones del régimen especial que vendían la energía producida en el mercado, lo que, para la AEE, ha afectado a más del 90% de los parques eólicos españoles, y modificó los parámetros de actualización de las tarifas, lo que “supone una reducción de facto en la retribución”.
"La forma en que se ha aprobado dicho Real Decreto-Ley, así como su contenido, vulneran el Derecho Comunitario y la Constitución, lo que permite que, en el recurso frente a la orden, se pongan en tela de juicio las medidas adoptadas de forma urgente por el Gobierno en el Real Decreto-Ley 2/2013", señaló la AEE en un comunicado. En él también denunciaba que el hecho de que la norma se publicara en febrero y sea de aplicación desde el 1 de enero de 2013 supone un caso de retroactividad pura o propia, "por lo que vulnera claramente los derechos adquiridos de las empresas, con la consiguiente inseguridad jurídica".
El presidente de Acciona ya advirtió durante la presentación de los resultados de 2012 hace tres meses que la compañía emprendería acciones legales contra los cambios regulatorios aprobados por el Gobierno. "Creo que va en contra de la legalidad y el grupo buscará el asesoramiento y la protección oportuna en este sentido", indicó entonces José Manuel Entrecanales, que estima el impacto negativo en sus cuentas por las medidas acometidas por el Ejecutivo en materia energética entre los 160 y 170 millones de euros brutos anuales.
De esta forma, el recurso presentado hace dos semanas podría ser sólo el primero de más acciones contra las decisiones adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, que tienen un impacto negativo de unos 2.000 millones de euros para todo el sector de las renovables en España, según los cálculos de Acciona. Una cifra que asciende a 5.600 millones desde 2011.
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