Cuatro grandes fondos de inversión internacionales (Antin, Eiser Infraestructure, Infrared Capital y Renergy) acudirán al arbitraje internacional contra España.
Cuatro grandes fondos de inversión internacionales (Antin, Eiser Infraestructure, Infrared Capital y Renergy) acudirán al arbitraje internacional contra España en los próximos días por los recortes de la retribución a los parques eólicos y las termosolares, que en conjunto suponen un tijeretazo de cerca de 1.500 millones de euros.
Mientras, el Ministerio de Industria presiona para sacar adelante la reforma energética este viernes. Según explicaron estas cuatro entidades en exclusiva a elEconomista, "hemos enviado una carta solicitando un período de negociaciones de tres meses. Una vez terminado dicho período, y no habiendo logrado un acuerdo con el Gobierno español, no nos quedará más alternativa que formular una solicitud de arbitraje".
Los cuatro inversores insistieron en que "pretendemos que la controversia se resuelva en el marco de las disposiciones establecidas en el Tratado sobre la Carta de la Energía, que prevé un procedimiento arbitral en el caso de que no sea posible alcanzar un acuerdo amistoso". Por ese motivo, a mediados de abril se envió ya una carta al Gobierno señalando los diversos incumplimientos por parte de España de las disposiciones del Tratado sobre la Carta de la Energía, y solicitando un periodo de negociaciones con el objetivo de llegar a un acuerdo y evitar el arbitraje. Sin reunirse con Industria Los fondos se quejan de los recortes que les supuso el impuesto a la generación, la salida obligatoria del mercado mayorista, la modificación de la deducibilidad fiscal de los gastos financieros y la limitación de los gastos deducibles para sociedades de gran tamaño.
"A pesar de que hemos realizado numerosas peticiones, el Ministerio de Industria no nos ha ofrecido ninguna reunión", explicaron a este diario los fondos. De hecho, incluso llegaron a plantear una petición pública de encuentro el pasado 17 de junio. Los fondos se han reunido durante los últimos 18 meses con varios miembros del Gobierno y del Congreso, aunque no quisieron precisar los detalles. "Sin embargo, no nos han ofrecido ninguna solución" recalcan y añaden que varias embajadas de diversos países han intentado también convencer al Gobierno de que su reputación podría sufrir daños irreparables como resultado de las medidas adoptadas y que han impactado negativamente en el sector de las energías renovables.
Estos inversores internacionales indicaron además que "somos de la opinión de que las recientes medidas tienen carácter retroactivo y tienen por objeto retirar los incentivos económicos que España previamente introdujo para atraer inversiones hacia el sector de las energías renovables". Alertan con fuerza de que "en el caso de que las nuevas medidas proyectadas resulten en violaciones adicionales de nuestros derechos, formularemos nuevas reclamaciones en el arbitraje". Seguridad jurídica Los proyectos de energías renovables requieren un nivel de inversión mucho más elevado que la generación convencional (en una base equivalente de MWs instalados) y, por lo tanto, nunca habrían sido construidas o adquiridas si fueran a operar sin los suficientes incentivos a la inversión por parte del Gobierno, explican estos inversores. Numerosos fondos y bancos basaron sus decisiones de inversión en estos incentivos y en el hecho de que España, al ser un estado de Europa occidental y miembro de la UE, debería proporcionar un marco regulatorio estable y fiable a los inversores.
"No ha habido excesivos retornos de la inversión para los proyectos de energías renovables, a pesar de las declaraciones públicas de algunos miembros del Gobierno. En cualquier caso, el retorno no parece suficiente para evitar que algunas plantas incumplan sus condiciones de financiación como también ha sido reconocido por esos mismos representantes del Gobierno en clara contradicción con sus propias declaraciones" indicaron estos cuatro fondos. Además, reiteran que "parece que el Gobierno sigue ignorando el hecho de que los productores de energías renovables, al estar sometidos a una tarifa regulada, no pueden repercutir en los precios de venta de su energía el impacto de cualquier medida regulatoria tomada, a diferencia de las plantas de generación de energía convencional". Las instalaciones convencionales son, en muchos casos, plantas antiguas que han recuperado o amortizado totalmente su inversión original hace años y que siguen obteniendo ganancias, lo cual no es tenido en cuenta a la hora de contabilizar los costes reales del sistema eléctrico, explican los fondos Antin, Eisar, Infrared y Renergy
