El Gobierno prepara una reforma del sector eléctrico en un entorno fuertemente condicionado por la crisis económica y por el crecimiento del déficit de tarifa.

Además en un ambiente de desencuentro sectorial, que se ha tornado hostil a las renovables por el fortísimo ataque mediático y político de las eléctricas a este subsector.
 
En el problema del déficit de tarifa la crisis económica importa. Primero porque el consumo eléctrico ha ido disminuyendo en los últimos años y, como las previsiones que había hace cinco eran de crecimiento, resulta que la demanda es hoy considerablemente inferior a la que se planificó entonces. La potencia de generación instalada supera los 100.000 MW, mientras que nuestros picos de demanda apenas alcanzan los 40.000 MW.
 
La crisis también importa porque la factura eléctrica se hace más difícil de soportar para los ciudadanos, las empresas y las industrias. Nuestros precios de electricidad se sitúan algo por encima de la media de los de nuestros socios europeos y, teniendo en cuenta que además el Gobierno tiene que aportar a las eléctricas el “déficit de tarifa”, no es sorprendente que se genere una enorme tensión.
 
Ciertamente ese déficit de tarifa tiene que desaparecer, y así lo establece la ley, que fija como límite el año 2013. Pero es que además no tiene ningún sentido que los contribuyentes paguemos más impuestos para que el Estado arbitre una subvención a los consumidores de electricidad. Especialmente cuando el fomento de la eficiencia y del ahorro son objetivos prioritarios y esa subvención es realmente un incentivo al consumo.
 
Las grandes eléctricas conocen los problemas del sector mejor que nadie. Y el déficit de tarifa es posiblemente el mayor de ellos, pero no el único, porque el importante desarrollo de las renovables ha tenido otros dos efectos muy relevantes y peligrosos para sus cuentas. El primero consiste en que, al tener las energías limpias un acceso prioritario a la red, por ley, en momentos de escasa demanda no entran a generar los ciclos combinados. Así, la media de horas que funcionaron estas plantas en 2011 apenas pasó de las 2.000, cuando sus propietarios estimaban alcanzar por término medio al menos 5.000, y sobre esa base justificaron las inversiones. El segundo efecto es que el mecanismo de subastas del pool implica que, cuantas más renovables entren a producir, más baja el precio de la subasta, que es el que reciben todos los generadores del Régimen General.
 
El punto fuerte de la argumentación de las eléctricas ha sido que el déficit es consecuencia de las primas pagadas a las ineficientes renovables y especialmente a las termosolares. No es así. Hasta diciembre de 2011 las primas totales liquidadas a las termosolares, en toda su historia, se cifraban en 638 millones de euros, apenas el 2% de las primas totales recibidas por el Régimen Especial hasta esa fecha, mientras que el déficit de tarifa alcanzaba los 22.000 millones.
 
El excesivo desarrollo en renovables ha sido consecuencia, primero, de una visión política muy ambiciosa en medio ambiente del presidente Rodríguez Zapatero, sí; pero también, segundo, de los compromisos energéticos 20/20/20 europeos, vinculantes para España; tercero, de la angustia de nuestra balanza exterior de pagos por petróleo de más de 50,000 millones de dólares anuales; cuarto, de una planificación demasiado optimista de la demanda eléctrica, hecha en tiempos de gran bonanza; quinto, de dificultades entre el Ministerio de Industria y los Gobiernos autónomos para coordinarse en las autorizaciones administrativas; y sexto, de la facilidad para lograr financiación, de que todos disfrutamos durante muchos años. Y en ese despliegue excesivo participaron inversores de todo tipo, incluidas las grandes eléctricas.
 
Las inversiones en renovables se hacen en un marco distinto al de las grandes plantas. Sus cuentas de resultados apenas tienen costes variables y por eso cuentan en todo el mundo con regímenes regulados de ingresos constantes y estables. El Estado español, para cumplir sus objetivos y compromisos en energías limpias, ha establecido reglas para abrir este sector a miles de inversores. Y el sistema ha sido bueno, aunque es cierto que puntualmente los mecanismos de control y las condiciones económicas fijadas no han sido idóneos.
 
 Porque no es fácil acertar con las retribuciones justas en cada momento, especialmente cuando las tecnologías son todavía incipientes: en esa fase su coste es alto, pero tiende a reducirse rápidamente gracias al desarrollo tecnológico. Esas inversiones son la base de un desarrollo tecnológico e industrial que es el que origina la reducción de costes y además conforma un sector económico muy interesante y cualificado. El acierto está en gestionar el despliegue de las tecnologías incipientes en el contexto de una política industrial clara y a un ritmo con el que los volúmenes de generación no resulten demasiado grandes hasta que los costes hayan disminuido a niveles asequibles.
 
El ministro José Manuel Soria no tardó en reaccionar a la preocupante situación y en enero publicó el decreto RDL 1/2012, en el que se suspendía temporalmente la autorización de nuevos proyectos de renovables. Ha sido una medida muy dura, que se ha llevado por delante las perspectivas domésticas de todo un sector industrial español, que ocupa por cierto una posición más que digna en el mundo.
 
Ahora viene la segunda parte, nuevas medidas para la eliminación del déficit de tarifa. Y en el trasfondo de la reforma que plantea el Gobierno hay una palabra clave: "retroactividad". Retroactividad es el cambio a posteriori de las condiciones que se fijaron en su día para que los empresarios decidieran sus inversiones. En el caso de las renovables, por tanto, es la alteración de las condiciones técnicas, de precio o de plazo, hecha cuando los proyectos ya están ejecutados. Las indicaciones que ha dado el Gobierno son que se respetarán los precios establecidos, pero que sin embargo se creará una nueva tasa o impuesto sobre la generación. Probablemente se presentará como una medida no retroactiva, y puede que jurídicamente no deba calificarse como tal, pero en español llano eso será … retroactividad. Me atrevo a pronosticar que quedará una consecuencia indeseable, que será la quiebra irreparable de la confianza de los inversores, y no sólo en este sector de las nuevas energías, puesto que la credibilidad y la estabilidad del marco jurídico de una nación son factores básicos para cualquier actividad económica.
 
Pero hay otra idea clave que hay que valorar, la de la "rentabilidad razonable", establecida en la Ley del sector eléctrico como base para que el Gobierno fije las retribuciones de las nuevas energías. La rentabilidad razonable debe por tanto ser un límite para cualquier solución que se adopte, y ello no deja mucho margen de maniobra. Desde este punto de vista, por cierto, no parece óptima la solución de una tasa sobre la generación, pues sería más justo un impuesto progresivo sobre el beneficio.
 
Este es sin duda uno de esos momentos que definen, y deseo al Gobierno el mayor acierto en la solución de tan delicada situación.