La sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado la petición del abogado del Estado de suspender la tramitación de un recurso contra el régimen retributivo de las energías
El Tribunal Supremo ha rechazado la petición del Gobierno de paralizar los recursos contra el recorte de renovables, de unos 1.700 millones de euros, aprobado en junio de 2014, cuando fijó un nuevo esquema retributivo para las energías renovables, cogeneración y residuos.
En concreto, el auto de la Sala III del Supremo rechaza la petición del abogado del Estado de suspender la tramitación de un recurso contra el régimen retributivo de las energías renovables regulado en el Real Decreto 413/2014, y la Orden IET/1045/2014, ambas aprobadas el 6 de junio del año pasado.
El abogado del Estado pedía la paralización de estos procedimientos hasta que la Comisión Europea resolviera el examen preliminar de ayudas de Estado que abrió sobre este tema el pasado 13 de febrero.
El Supremo contesta que "el mero hecho de que la Comisión Europea haya iniciado un procedimiento de examen preliminar, a raíz de la notificación formulada por las autoridades españolas, no es causa bastante para que se suspenda de manera indefinida la tramitación del presente litigio".
- Termosolar Protermosolar afirma que los recortes de la reforma energética les aleja de la rentabilidad razonable.
El alto tribunal ha resuelto en los últimos días en el mismo sentido la misma petición del abogado del Estado planteada en otros de los recursos contra el mismo real decreto y la misma orden de junio de 2014.
Contra dicha regulación hay planteados más de 300 recursos por patronales y empresas de energías renovables de toda España en el Supremo.
- Las empresas de energías renovables calculan queel impacto de la reforma energética en la energía solar fotovoltaica será de 550 millones de euros al año, de 450 millones en la eólica y de 150 millones en la termosolar. En total, 1.150 millones de euros.
En los casos resueltos, las partes recurrentes se opusieron a la petición de suspensión planteada por el abogado del Estado.
