Según la Asociación Española de la Industria Solar Termoeléctrica (Protermosolar), entre un 35 y un 40 por ciento de las inversiones en el capital social de las centrales termosolares españolas son extranjeras.

Los grandes fondos de inversión extranjeros con intereses termosolares en nuestro país se están movilizando para iniciar los trámites pertinentes para llevar al Reino de España a un arbitraje internacional de inversión, al amparo de lo que dispone el Tratado de la Carta de la Energía, ya que consideran que las últimas medidas adoptadas por el Gobierno, como el impuesto del 7 por ciento a la producción eléctrica, la eliminación de la prima a la parte generada con gas, la obligación de que las centrales sólo puedan acogerse a la modalidad de tarifa regulada y el cambio en la actualización del IPC, están poniendo en peligro sus inversiones en nuestro país.
 
RREEF Infrastructure, la mayor gestora de activos de infraestructuras de Deutsche Bank, primera entidad financiera alemana; Eiser Infraestructure Partners, fondo independiente de infraestructuras con sede en Londres; Infrared Capital Partners, ubicada en Londres y con oficinas en Hong Kong, Nueva York, París y Sydney; y Antin Infraestructure Partners, fondo enfocado a la inversión en proyectos del sector de la energía, han contratado los servicios del despacho de abogados Allen & Overy, con amplia experiencia en este tipo de acciones.
 
Hace año y medio, este bufete de abogados interpuso una demanda de arbitraje contra el Gobierno en nombre y representación de 14 inversores internacionales por los recortes de subvenciones a instalaciones fotovoltaicas. Estos fondos representan unos 300 megavatios, casi el 10 por ciento de la potencia total fotovoltaica instalada en España.
 
Pero los fondos no son los únicos que están descontentos con esta situación. Grandes empresas japonesas como Mitsui, Mitsubishi, Itochu y JGC, que tienen alianzas con empresas tan importantes como Acciona, Abengoa y FCC, y que también han invertido en algunas de las plantas termosolares de nuestro país como Majadas, en Cáceres o Palma del Río I y II, en Córdoba, entre otras, han remitido un documento al Gobierno español donde dejan constancia de su total desacuerdo sobre las reformas aprobadas por el ejecutivo y les hace partícipes de su desconfianza a la hora de plantearse alguna inversión en nuestro país.
 
Los procesos de arbitraje internacional de inversión son mecanismos que sirven para salvaguardar y proteger las inversiones que puedan realizar diferentes inversores en un país diferente al suyo, cuando éstas resultan lesionadas, atacadas o agredidas como consecuencia de actuaciones o regulaciones del Estado que recibe esa inversión.
 
Antes de iniciar formalmente un arbitraje de inversión se tienen que dar una serie de pasos previos. En primer lugar, las partes interesadas tienen que enviar una notificación formal por escrito al gobierno, informándole de cuáles son las discrepancias. A partir de ahí, se abriría un periodo de tres meses en el que ambas partes tienen la posibilidad de negociar y llegar a una solución satisfactoria.
 
En el caso de que no se produjera esa solución, el inversor podrá interponer una demanda siguiendo alguno de los procedimientos que prevé el propio Tratado de la Carta de la Energía: ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), institución del Banco Mundial; ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral); o conforme a las disposiciones de las reglas de arbitraje del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo.
 
Desde que se interpone la demanda hasta que se obtiene el laudo, que sería de obligado cumplimiento por parte del Estado español, pueden llegar a transcurrir entre tres y cuatro años.
 
Según la Asociación Española de la Industria Solar Termoeléctrica (Protermosolar), entre un 35 y un 40 por ciento de las inversiones en el capital social de las centrales termosolares españolas son extranjeras, procedentes, en su mayoría, de Estados Unidos, Alemania, Japón, Emiratos Árabes, Suiza, Francia o Reino Unido, y cuya cifra se estima en unos 15.000 millones de euros.
 
En opinión de Luis Crespo, secretario general de Protermosolar, "el daño que el Gobierno está haciendo a las renovables y, concretamente, a la termosolar, está generando un grado de desconfianza e intranquilidad tan alto que, sin duda, causará un perjuicio enorme a las inversiones extranjeras, no sólo en nuestro sector, sino también en otros sectores regulados en España".
 
Los inversores nacionales tendrán que esperar a las liquidaciones definitivas de 2013 para efectuar sus reclamaciones. Mientras, la Junta de Andalucía ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 15/2012, el RDL 29/2012 y el RDL 2/2013, normas que califica de "ataque al sector de las energías renovables" con especial incidencia en la comunidad autónoma, entre ellas, la suspensión de incentivos económicos a nuevas instalaciones que ha "dejado en el aire una inversión cercana a los 12.000 millones de euros y la creación de 40.000 empleos en Andalucía".
 
El sector termosolar alcanzó una potencia instalada de 1.953,9 megavatios en 2012 en nuestro país, distribuida principalmente en tres comunidades autónomas: Andalucía, con 950 megavatios; Extremadura, con 660 megavatios y Castilla-La Mancha, con 350 megavatios.
 
También mantuvo su liderazgo internacional ya que, al cierre del ejercicio 2012, había una capacidad instalada acumulada de 2.580 megavatios en el mundo, de los que 2.117 megavatios, es decir, el 82 por ciento, fueron promovidos o desarrollados por empresas españolas y un 73 por ciento son propiedad de grupos industriales de nuestro país.
 
Actualmente, son muchas las empresas españolas que participan como promotoras o adjudicatarias de contratos de llave en mano o EPC en la promoción o construcción de 2.037 megavatios termosolares fuera de España -principalmente en Estados Unidos, Suráfrica, Marruecos y Abu Dhabi-, lo que representa un 64 por ciento de las iniciativas de promoción y construcción que se desarrollan en estos momentos en los mercados internacionales (un total de 3.163 megavatios), según datos de Protermosolar.
 
Sin embargo, según apunta Luis Crespo, "el estrangulamiento al que el Gobierno está sometiendo la economía de las empresas que trabajan en este sector en España va a impedir que podamos aprovecharnos del gran tirón que van a tener los concursos de plantas termosolares en otros países, un mercado que podría proporcionar una enorme fuente de ingresos por exportación y renta externa".
 
Además, y como consecuencia de los cambios legislativos, el sector termosolar español, que aportó a nuestra economía, sólo en conceptos de contribución al PIB e impuestos, un total de 2.607 millones de euros en 2012, frente a los 927 millones de euros que recibió en primas, ha visto reducido en un 40 por ciento el número de empleos, pasando de los 28.555 en 2011 a los 17.816 en 2012.