Hasta hace muy poco, España ha sido un país pionero en la promoción de las energías renovables, tanto por el número de proyectos en curso como por los desarrollos tecnológicos de las empresas españolas.

Nuestro país ha tenido un papel protagonista en este sector hasta el punto de que, actualmente, muchos de los grandes tecnólogos, promotores, inversores y contratistas en el mundo son españoles. Y, más concretamente en energía termosolar, España ha demostrado que es líder gracias a disponer de las capacidades empresariales y tecnológicas necesarias para ello.

Pero, en los últimos años, el sector de las renovables ha experimentado diversos cambios normativos que no han hecho más que contribuir a la inseguridad jurídica, con el consiguiente deterioro de la imagen de España como país en el que acometer inversiones. Los vaivenes legislativos han favorecido que reine la incertidumbre entre los promotores de las renovables y cunda la desconfianza entre las entidades bancarias a la hora de conceder créditos. El Gobierno de España ha roto la seguridad jurídica necesaria, generando una situación de incertidumbre que podría desencadenar la pérdida de este tren tecnológico en un momento en el que el mundo entero apuesta por el desarrollo de las energías limpias.

El Real Decreto 1/2012, promulgado por el Gobierno al principio de esta legislatura, suspendió temporalmente la autorización de nuevos proyectos de renovables y provocó que las perspectivas de todo un sector industrial se fueran al traste. Meses después, con el objetivo de reducir el déficit de tarifa, el Gobierno ha puesto en marcha una segunda tanda de medidas ("Proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética") que esencialmente cambian con carácter retroactivo el régimen retributivo sobre el que los empresarios e instituciones decidieron llevar a cabo sus inversiones. Concretamente, la decisión del Gobierno de modificar las reglas del juego sobre las que se abordaron todas las inversiones termosolares en nuestro país, eliminando el 15% de los ingresos de estas plantas relacionados con el uso del gas natural como combustible de apoyo, producirá una grave quiebra en la confianza de los inversores hacia España. Esta medida, unida a la tasa del 7% aplicable a la generación de todo el sector eléctrico, da lugar a que el plan de negocio de estas centrales no alcance los niveles de rentabilidad razonable que asegura la ley del sector eléctrico.

Son muchas las empresas que van a tener que asumir importantes pérdidas económicas en proyectos en avanzado estado de desarrollo o ya en fase de operación comercial. Además, es indudable que habrá destrucción de empleo en este sector, que, según un estudio de Deloitte realizado recientemente, entre 2010 y 2012 ha mantenido 25.000 puestos de trabajo anuales en España.

Las medidas introducidas por el Gobierno en este proyecto de ley, actualmente en fase de tramitación parlamentaria, tendrán efectos devastadores para la credibilidad de España como destino de inversiones internacionales, ya que crean inseguridad jurídica, imposibilitan obtener la rentabilidad razonable que garantiza la Ley del Sector Eléctrico de 1997 y causarán demandas millonarias en tribunales de arbitraje internacionales contra España en virtud del tratado internacional de la Carta de la Energía.

En definitiva, el Gobierno aún está a tiempo de rectificar estas medidas tan graves y discriminatorias, específicamente dirigidas contra el sector termosolar, si introduce las apropiadas enmiendas al proyecto de ley de reforma energética actualmente en tramitación parlamentaria.

Enrique Sendagorta, presidente de Torresol Energy. http://www.torresolenergy.com/