El anunciado recorte de 1.350 millones de euros que esta Reforma provocará en el antiguo Régimen Especial no augura nada bueno.
Ante esta nueva Reforma, no debemos ni podemos pasar por alto el reconocer la enorme dificultad con la que se ha encontrado el equipo ministerial para dar solución al déficit tarifario acumulado que, por cierto, ya alcanzaba la cifra de 17.000 millones de euros en 2008, antes de que las renovables contribuyesen de forma significativa a los costes del sistema. Valoramos, por lo tanto, el esfuerzo realizado para tratar de alcanzar una fórmula que respete la rentabilidad razonable de los proyectos y que contenga mecanismos de sostenibilidad económica y de traslado de costes a precios.
Sin embargo, este reconocimiento lleva implícito un gran “pero”: supone otro cambio más de las reglas de juego. Por ejemplo, hace seis meses, a las renovables nos llevaron a tarifa fija, eliminando la opción de mercado y, ahora, volvemos al mismo, ahondando en la herida de la inseguridad jurídica, aunque esta vez se transmita la idea de que será la definitiva. Si de esta nueva regulación se derivan nuevos recortes (tal y como ya ha sido anunciado y cuantificado) se recrudecerán, fundadamente, las críticas sobre la retroactividad en relación con las bases publicadas en el BOE por las que los inversores acometieron los proyectos, lo que resultará absolutamente inasumible.
Con la información aportada hasta ahora, resulta difícil hacer una valoración en profundidad de esta Reforma, ya que todavía no conocemos los datos fundamentales de los costes de inversión, operación y mantenimiento que ha considerado el Ministerio en sus modelos previos como estándares para ser aplicados a las centrales termosolares construidas; datos que no se conocerán hasta el próximo otoño. Por ello, además de decir que el 7,5% de “rentabilidad razonable” es muy inferior a las expectativas de los inversores en una tecnología tan innovadora a nivel mundial como la solar termoeléctrica, para poder posicionarnos y opinar sobre la reforma, tendremos que esperar a que los costes de inversión se correspondan con los reales, debidamente contrastados con las cuentas anuales auditadas de las centrales, así como con los contratos de project finance, sometidos a rigurosas due dilligences.
Aun así, y como avance, el anunciado recorte de 1.350 millones de euros que esta Reforma provocará en el antiguo Régimen Especial no augura nada bueno y, evidentemente, seguiremos insistiendo en que existen otras alternativas.
De nuevo, y según a la información disponible, se mantienen privilegios de las empresas eléctricas, como el no considerar que la rentabilidad que se establece para su negocio de distribución se corresponda con toda la vida de las instalaciones y, además, que sus inversionesse traten individualizadamente, a diferencia de lo que se aplicará a las renovables. El sobrecoste que se viene pagando a la distribución en los 10 últimos años es, precisamente, uno de los componentes más elevados del déficit tarifario.
Tampoco se aborda la reforma del Régimen Ordinario, manteniendo la retribución a pool a una tecnología como la nuclear, que no participa en el mercado y que el Ministerio reconoce que se está pagando al doble de su coste. Ni se aplica la “rentabilidad razonable” a las más que amortizadas centrales hidráulicas.
Las críticas que desde el sector eléctrico realizan permanentemente a las primas, de lo que ellos denominan como tecnologías “inmaduras” -que, muy a su pesar, se corresponden con políticas de la UE y han sido refrendadas en nuestro Parlamento para reducir la vulnerabilidad energética de nuestro país y las emisiones-, se vuelven contra ellas al resultar indefendible la sobre remuneración actual a centrales tan “maduras” y amortizadas como las nucleares e hidráulicas y que, a diferencia de lo que parece haberles comprado la opinión pública, no abaratan el recibo a consumidores e industria sino que simplemente incrementan sus beneficios.
Asimismo, la Reforma mantiene como costes del sistema partidas que corresponden a decisiones políticas, como los intereses de la propia figura del déficit o los apoyos a grandes empresas consumidoras y la solidaridad territorial. A pesar de lo que se argumenta por parte del Gobierno, no es lo mismo pagar esas partidas vía impuestos, con su correspondiente redistribución en función de la renta, que vía recibo de la luz, que impacta directamente en consumidores y en la competitividad de las empresas.
Además, la Reforma -pivotando en el mecanismo de compensación a la inversión-, desincentiva las mejoras tecnológicas orientadas a incrementar eficiencia y producción, lo cual, en una tecnología como la termosolar, supone un freno para continuar a la vanguardia internacional.
Pero, por encima de todo, nos queda la gran preocupación de que los números de inversión estándar, que el Ministerio quiera aplicar a tecnologías “tipo” no sean los reales y que, por tanto, el concepto de “rentabilidad razonable” se demuestre dentro de unos meses que era una pura ficción para ganar tiempo con los litigios nacionales e internacionales que ya se han planteado. Esperamos poder tener la oportunidad de contrastar este tema con el equipo ministerial, ya que es de vital importancia en una tecnología como la termsolar tan castigada últimamente y sin margen para nuevos recortes, y no tener que sorprendernos con los números que aparezcan en las correspondientes órdenes ministeriales y la situaciones más allá de límite que podrían acarrear.
