Protermosolar, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER) y la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) han exigido al Gobierno que garantice la igualdad de trato de las empresas e inversores nacionales con los inversores extranjeros, que están amparados por la Carta de la Energía ante los arbitrajes internacionales.
En una carta enviada al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, las asociaciones de energía solar denuncian la discriminación que supone que el MINETUR no contemple la posibilidad de que se ganen los más de trescientos juicios abiertos en España contra la reforma del sector eléctrico y la ruptura de la seguridad jurídica que ha supuesto.
Según recientes declaraciones del propio Secretario de Energía, el Gobierno considera que el impacto del no cumplimiento de los compromisos adquiridos con los inversores fotovoltaicos sería “muy pequeño en el peor escenario, pues ninguna empresa española puede arbitrar contra el Reino de España”, en referencia a que la Carta de la Energía en base a la que las empresas internacionales están demandando a España, solo puede ser esgrimida por los inversores internacionales y no por los nacionales.
Estas declaraciones implican que el MINETUR contempla que los más de 300 recursos interpuestos ante el Tribunal Supremo no serán ganados por los demandantes. Una predicción que, según denuncian las asociaciones que representan a la industria de energía solar, implicaría presumir, e incluso llegar a condicionar, el fallo de un órgano que ha de ser independiente, como es el Tribunal Supremo.
Las asociaciones de energía solar exigen al Ministerio de Industria que muestre los estudios de impacto económico que han motivado estas declaraciones del Secretario de Estado, así como los distintos escenarios que se contemplaron para llevar a cabo la reforma legislativa, para dar transparencia a tan graves afirmaciones. Las asociaciones consideran inconcebible y contrario a derecho un escenario en el que el Estado español se viera obligado a indemnizar a fondos internacionales por los recortes retributivos a las renovables, mientras que las empresas españolas y los propios inversores nacionales, obtuvieran sentencias contrarias a sus intereses.
Las reformas retroactivas puestas en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy han supuesto un recorte de ingresos para el sector de más de 930 millones de euros anuales, alcanzando en algunos casos una reducción de más del 50% de los ingresos previstos en el momento de realizar la inversión y afectando a más de 62.000 familias. Al haberse producido durante los primeros años de funcionamiento de las instalaciones, estos recortes han llevado a numerosas familias y empresas a situaciones de insolvencia por imposibilidad de atender los compromisos de pago de deuda con las entidades financieras.
Según un estudio de Moody’s hecho público esta semana, España es el país europeo con más riesgo para invertir en renovables lo que, sin duda, va a afectar al coste de las nuevas renovables a instalar en el país, que soportarán una prima de riesgo muy superior a la de otros países. Ya hay estudios que pronostican que, a pesar de contar con muchas más horas de sol, el precio de la energía solar en España será igual al de Alemania por este efecto.
