El pivote de esta nueva reforma se articula alrededor de la compensación del déficit de tarifa, obligados por los mandatos de la UE a la que horroriza cualquier concepto que incluya la palabra déficit.
El sistema energético tiene una gran relevancia e incidencia en el mundo económico y en la vida cotidiana. De hecho puede ser el elemento crucial en estrategias inteligentes de desarrollo, con una clara aportación positiva en aspectos como la mejora de la competitividad económica, la creación de un tejido empresarial innovador, el equilibrio territorial, equilibrio medioambiental, consumo responsable, etc. En los últimos años han cambiado muchos de los parámetros establecidos que delimitaban las posibilidades energéticas de los países, con la espada de Damocles para España de la gran dependencia exterior y la factura de más de 50.000 millones de euros anuales. La irrupción de las energías renovables ha ofrecido nuevas oportunidades y también ha incrementado las encarnizadas luchas dentro del sector eléctrico con las grandes empresas tradicionales y las del bloque renovable.
En España este hecho se ha puesto progresivamente de manifiesto y se ha acentuado con los sucesivos parches legislativos que han remendado el traje raído y pasado de moda con el que se viste el sector. Y ocurre con la reforma energética que se acaba de presentar; que más bien es una contrarreforma. No se puede negar el esfuerzo ímprobo, en número y páginas de las propuestas, por reparar los desgarros, pero el problema estriba en que el traje ya no sirve y no se quieren dar cuenta; los parches ya no sirven.
El pivote de esta nueva reforma se articula alrededor de la compensación del déficit de tarifa, obligados por los mandatos de la UE a la que horroriza cualquier concepto que incluya la palabra déficit. En este caso, casi tiene razón porque es un artificio contable diseñado, entre otras finalidades, para limitar las iniciativas de la administración de introducir costes extraenergéticos (lo que se ha hecho con los costes de transición a la competencia, moratoria y residuos nucleares y otros varios) dando lugar al precio más alto del kWh de toda la UE. Además compara conceptos no homogéneos. No es lo mismo ni cuesta igual producir un kWh en una gran central hidroeléctrica, sobradamente amortizada y con el agua embalsada de todos, que a partir de un carbón nacional de pésima calidad que hay que pagar por encima de su valor para compensar a las minas de las cuencas asturianas o leonesas (eso no son primas a las renovables, pero sus efectos sobre el precio es grande y sobre las emisiones de gases de efecto invernadero más) o un gas natural que hay que comprar en el exterior a precios cambiantes que siguen los del petróleo.
Condicionar la política energética a equilibrar un concepto de por si desequilibrado no es una buena base y tiene efectos muy adversos en uno de los subsectores más dinámicos en la actualidad, las renovables, en el que Andalucía está teniendo un protagonismo creciente, acorde con la abundancia y diversidad de nuestros recursos renovables energéticos. Para una vez que tenemos en las regiones de menos nivel económico una fuente de mejora de la capacidad industrial, nos la cortan de raíz.
También creemos que en el sistema eléctrico -y en otros- hay un trasfondo político: la célebre liberalización del mercado eléctrico que se inició a finales de 1997 con la ley del sector eléctrico no ha traído la deseada competencia y su repercusión en el abaratamiento de los costes, sino más bien lo contrario. Para lo que sí ha servido es para que las grandes empresas eléctricas, y con ellas sus directivos y sus asesores (en muchos casos políticos retirados) ganen cada vez más dinero.
Por último, es muy sorprendente ver cómo este Gobierno se está apartando de las directrices de la UE en esta materia, dando como resultado una subida continua de los precios de la electricidad y los combustibles para los consumidores más desfavorecidos y cortando de manera radical las expectativas industriales de nuestras empresas energéticas, excepto las grandes tradicionales. Por no hablar de la imposibilidad cada vez más clara de cumplir el compromiso del 20-20-20.
Ante esta reforma, es el momento de plantearnos: ¿qué sistema energético queremos? ¿Cómo estamos posicionados como país ante los retos energéticos actuales y futuros? ¿Aprovechamos nuestras potencialidades?
No parece que la respuesta inspire lo presentado. Y es urgente diseñar un marco para la energía con proyección de futuro, que aproveche nuestras ventajas comparativas, favorezca la competitividad económica y que no suponga un coste excesivo para los distintos consumidores.
Es obvio que en España ese nuevo marco debe pivotar sobre las renovables, que nos ofrecen unas ventajas comparativas como no se presentan en España en prácticamente ningún otro sector productivo. Y además, una apuesta decidida por el ahorro y la eficiencia energética, aspectos ambos muy abandonados en esta reforma.
En Andalucía se ha trabajado en un nuevo modelo energético, diversificando las fuentes y dando un creciente protagonismo a las renovables, en las que poseemos una evidente ventaja comparativa. Ello está permitiendo una mayor suficiencia, mejor equilibrio territorial y la creación de un tejido económico innovador que se apoya en una estructura de investigación muy volcada a resolver retos y plantear nuevos horizontes. También la eficiencia ha tenido un lugar destacado.
Esta senda, que iba avanzando hacia este nuevo paradigma, se ve claramente entorpecida por no decir interrumpida por los recientes aires regulatorios. Los ciudadanos le pedimos al Gobierno que sea valiente y apueste por la energía del futuro.
